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    PublicadoTrabajo y empleo

    Si una IA filtra tu postulación laboral: qué derechos tienes hoy en Chile y cuáles vienen

    El Código del Trabajo ya prohíbe discriminar al seleccionar personal. La nueva ley de datos personales agrega el derecho a oponerse a decisiones automatizadas, pero su vigencia se correría del 1 de diciembre de 2026 al 15 de octubre de 2027.

    Ilustración de una entrevista laboral por videollamada entre una persona ante un computador y un entrevistador
    Foto: Amtec Photos (www.amtec.us.com) / CC-BY-SA-2.0 vía Wikimedia Commons

    Cada vez más empresas usan inteligencia artificial para leer currículums, ordenar candidatos o conducir entrevistas por chat y video. Para quien postula, la pregunta es concreta: si un algoritmo me descartó, ¿qué puedo exigir? En Chile la respuesta tiene dos capas. Una ya rige y está en el Código del Trabajo. La otra está en la nueva ley de protección de datos personales, la Ley 21.719, cuya entrada en vigencia el Congreso debate postergar. Al 15 de noviembre de 2026, esa modificación aún aparece en tramitación.

    Primero, el uso. Como describe una guía del Ministerio de Trabajo de España, la IA aparece en todas las etapas: al segmentar quién ve una oferta en redes, al preseleccionar currículums y quedarse con los diez mejores, en chatbots que piden información adicional, en test psicotécnicos y entrevistas en video, e incluso en modelos que proponen el sueldo a ofrecer. El riesgo más citado es el sesgo: un sistema entrenado con contrataciones pasadas puede reproducir discriminaciones contra mujeres, personas mayores o con discapacidad.

    Lo que ya rige en Chile no depende de si la decisión la tomó una persona o una máquina. El artículo 2 del Código del Trabajo, disponible en la Biblioteca del Congreso Nacional, define como actos de discriminación las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos como sexo, edad, nacionalidad, discapacidad, apariencia personal, situación socioeconómica u orientación sexual, entre otros, que alteren la igualdad de oportunidades en el empleo. La norma agrega que son discriminatorias las ofertas de trabajo que pongan alguna de esas condiciones como requisito, aunque se publiquen a través de terceros y por cualquier medio, y, como regla general, impide exigir ausencia de obligaciones económicas para contratar. El texto oficial de la Dirección del Trabajo precisa excepciones: representantes del empleador con facultades generales de administración y personas encargadas de recaudar, administrar o custodiar fondos o valores. Las distinciones basadas en las calificaciones necesarias para un empleo no se consideran discriminatorias.

    El uso de un algoritmo no elimina esas obligaciones del empleador. Un filtro por edad o por comuna puede ser discriminatorio cuando excluye por motivos ajenos a la idoneidad laboral; no basta conocer que hubo un filtro para concluir que cualquier exclusión es ilegal. Su evaluación requiere conocer el criterio aplicado y las exigencias del cargo.

    Ahí entra la Ley 21.719, publicada en diciembre de 2024. El artículo 8 bis que incorpora a la Ley 19.628 de protección de la vida privada establece que toda persona tiene derecho a oponerse y a no ser objeto de decisiones basadas en el tratamiento automatizado de sus datos, incluida la elaboración de perfiles, cuando le produzcan efectos jurídicos o la afecten significativamente. La propia ley define la elaboración de perfiles como el uso de datos para evaluar o predecir aspectos como el rendimiento profesional o la fiabilidad de una persona, una descripción que calza con muchas herramientas de selección.

    Hay excepciones: cuando la decisión es necesaria para celebrar un contrato, cuando existe consentimiento previo y expreso del titular o cuando una ley lo autoriza con salvaguardas. Pero incluso en esos casos, según el texto publicado por la Biblioteca del Congreso Nacional, la empresa debe garantizar el derecho a la información, a obtener una explicación, a la intervención humana, a expresar el propio punto de vista y a pedir la revisión de la decisión. La ley también obliga a informar si existen decisiones automatizadas y entregar información significativa sobre la lógica aplicada, y exige una evaluación de impacto cuando se evalúan aspectos personales de forma sistemática con efectos significativos.

    El problema es el calendario. La ley debía regir el 1 de diciembre de 2026, pero el Gobierno pidió más plazo. Según el registro de tramitación del Senado, la Cámara Alta aprobó el 28 de octubre, en general y particular, un proyecto que la modifica, y la iniciativa pasó a la Cámara con urgencia de discusión inmediata. El informe de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, fechado el 6 de noviembre y registrado en la tramitación el 10, detalla que el texto despachado por el Senado posterga la vigencia hasta el 15 de octubre de 2027, que la comisión lo aprobó en general por 7 votos a 0 y que ahora debe pasar por Hacienda. Mientras no se publique esa modificación, la fecha legal sigue siendo el 1 de diciembre.

    En esa misma comisión, el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, mencionó resultados atribuidos a LemonTech Research: 72% de las organizaciones consultadas no se consideraba preparado para la vigencia original. El informe recoge esa exposición, pero no permite evaluar por sí solo la metodología de la encuesta. Hubo críticas: el diputado Marcos Ilabaca sostuvo que los principales beneficiados con la prórroga serían los bancos y las grandes tecnológicas. Un expositor advirtió además que, una vez vigente, la ley podrá invocarse en acciones de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales.

    ¿Qué puede hacer hoy un postulante? Preguntar por escrito si el proceso usa herramientas automatizadas y en qué etapa; guardar la oferta de trabajo y las comunicaciones, y, si sospecha discriminación, consultar a la Dirección del Trabajo o buscar asesoría legal. Las garantías de explicación y revisión humana de la reforma operarán, cuando entre en vigor, en el ámbito del artículo 8 bis: decisiones basadas en tratamiento automatizado con efectos jurídicos o significativos. No son una promesa de revisión de cualquier ordenamiento informal de currículums.

    Información de la publicación

    Publicado

    15 nov 2026

    Última actualización

    17 nov 2026

    Estado editorial

    Publicado
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