Chile tiene una Política Nacional de Inteligencia Artificial vigente hasta 2031, actualizada en 2024 y respaldada por un decreto. Lo que no tiene, según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2026, es un presupuesto definido para ejecutarla. Esa distancia entre el papel y los recursos marca el estado de la política a noviembre de 2026, cuando el gobierno del Presidente José Antonio Kast prepara además un cambio de fondo al proyecto de ley de IA que discute el Senado.
De dónde viene. La primera política se aprobó por el decreto supremo 20, fechado el 20 de septiembre de 2021 y dictado por la cartera de Ciencia. Su actualización quedó en el decreto 12, firmado el 11 de abril de 2024 y publicado en el Diario Oficial el 28 de enero de 2025, de acuerdo con el texto oficial. Esa versión mantiene el horizonte de diez años de la original, por lo que rige hasta 2031. El cambio se concentró en gobernanza y ética, como respuesta a la irrupción de la IA generativa.
Qué dice. La política conserva tres ejes. El primero, factores habilitantes, abarca talento, infraestructura tecnológica y datos. El segundo, desarrollo y adopción, apunta a la investigación, la innovación y el uso de IA en empresas y en el Estado. El tercero, gobernanza y ética, es el que más creció: incluye regulación e institucionalidad, articulación internacional, medioambiente y crisis climática, igualdad de género, inclusión y no discriminación, impactos en el trabajo, niños, niñas y adolescentes, creación y propiedad intelectual, y cultura. Entre sus objetivos concretos figuran impulsar un marco regulatorio integral para los sistemas de IA, actualizar las leyes complementarias y exigir requisitos éticos y de transparencia en las compras públicas.
Cómo se construyó. Según el decreto, más de 300 personas deliberaron en todas las regiones en el marco de la evaluación de preparación de la Unesco, entre junio y septiembre de 2023, y 640 participaron en una consulta ciudadana en línea entre enero y marzo de 2024, centrada en el tercer eje. También se incorporaron recomendaciones de un comité de expertos y de equipos técnicos de la comisión senatorial de Desafíos del Futuro.
El plan y sus plazos. El decreto remitió el detalle de las iniciativas a un plan de acción actualizado. Ese documento existe: el Ministerio de Ciencia publica en la página de la política el "Plan de Acción, Actualización 2024", que reúne 177 iniciativas a cargo de 14 ministerios, ordenadas en los mismos tres ejes y con un responsable y un plazo para cada una. Una parte importante se concentra en dos fechas: 41 iniciativas tienen como fecha diciembre de 2025 y 46, diciembre de 2026, entre ellas acciones de formación docente en IA y de certificación de habilidades. El plan consultado no detalla montos por iniciativa. En la página ministerial revisada el 15 de noviembre no encontramos un balance de cumplimiento: el informe de resultados que se publica allí corresponde a la consulta ciudadana de 2024. La ministra Ximena Lincolao, en tanto, ha dicho que el actual Gobierno tiene su propia hoja de ruta: en una entrevista con The Clinic, en septiembre, afirmó que existe "un plan de acción ya en efecto", orientado a crear condiciones habilitantes para el desarrollo de la tecnología, con herramientas como sandboxes regulatorios y homologación de certificaciones. No precisó si se trata del plan de 2024 o de uno nuevo.
Cómo va la implementación. El indicador externo más citado es el ILIA, que elaboran CENIA y la CEPAL. En su edición 2026, presentada el 20 de octubre, Chile volvió a liderar la región con 71,4 puntos, pero el informe identificó cuatro brechas: el país tiene solo el 2,1% de las GPU de la región, la adopción de IA en las empresas se estima en 13,5%, el gasto en I+D llega al 0,39% del PIB y no existe un presupuesto definido para implementar la estrategia nacional. Según el ILIA, Brasil y Colombia son los únicos países de la región que explicitan esos recursos. En la presentación, la ministra Lincolao reconoció que "debimos haber comenzado antes". Ya en 2025, al comentar la actualización, Rodrigo Carrillo, especialista de la asociación ACHIADS, había advertido que el carácter no vinculante del documento y la falta de financiamiento podían limitar su impacto.
El giro regulatorio. El eje de gobernanza de la política pedía un marco regulatorio integral, y el proyecto de ley de IA heredado del gobierno anterior seguía esa línea, con un enfoque de prevención de riesgos inspirado en Europa. En mayo, la ministra presentó ante la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado una propuesta distinta, una ley marco de IA para la innovación, la productividad y la competitividad con seis pilares, y el presidente de la comisión, el senador Rojo Edwards, anticipó que podría cambiar la revisión previa de los sistemas por una posterior, según informó el Senado. De acuerdo con una columna de la exdiputada Paula Labra publicada en BioBioChile, el 26 de octubre se acordó en esa comisión que el Ejecutivo presentará una indicación sustitutiva antes del 4 de diciembre.
Qué significa para el lector. La política orienta decisiones estatales sobre talento, infraestructura y reglas de uso de IA. Su plan reúne 177 iniciativas: 87 tienen plazo en diciembre de 2025 o de 2026, menos de la mitad del total. El ILIA identifica una falta de presupuesto definido para implementar la estrategia; esto no demuestra que ninguna actividad pública de IA reciba financiamiento. La columna de Labra anticipa una indicación para diciembre, cuyo contenido y presentación efectiva todavía deben comprobarse. Hasta entonces conviene distinguir la política vigente, las iniciativas anunciadas y su cumplimiento medido.

