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    PublicadoEstado y regulación

    París acuerda mecanismos para detener modelos de IA; Chile debate obligaciones para los sistemas de alto riesgo

    Las primeras coberturas hablaron de seis u ocho países. La lista oficial, abierta a nuevas adhesiones, ya muestra 17 gobiernos y no incluye a Chile. El proyecto chileno de IA sigue en el Senado.

    Edificio del Congreso Nacional en Valparaíso, sede del Senado
    Foto: Carlos Figueroa Rojas / CC-BY-SA-4.0 vía Wikimedia Commons

    Gobiernos, laboratorios de inteligencia artificial y organizaciones civiles adoptaron el 9 de noviembre de 2026 el Llamado de París por la seguridad de la IA. El texto pide mantener mecanismos para detener los modelos bajo control de cada proveedor. La Presidencia de Francia publica una lista de adhesiones que se actualiza: al consultarla el 15 de noviembre aparecen 17 gobiernos, ninguno de América Latina. Chile no figura en esa lista, pero su proyecto de ley de IA contiene obligaciones de desactivación para ciertos sistemas de alto riesgo.

    El número de países exige explicar una discrepancia. The Next Web y Diplo informaron inicialmente seis: Francia, Canadá, Finlandia, Noruega, Países Bajos y Baréin. The Decoder, remitiéndose a Le Monde, publicó ocho sin identificar en esa cobertura los dos nombres adicionales. La lista actual de la Presidencia de Francia contiene esos seis y otros once, y aclara que admite nuevas adhesiones. Esto explica por qué el total actual puede ser mayor, pero no permite reconstruir quiénes componían exactamente el grupo de ocho: la página no ofrece fechas individuales de adhesión. No sería correcto inventar esos dos países ni tratar seis como un total definitivo. Las diez empresas de la lista oficial incluyen a OpenAI, Anthropic, Microsoft, Mistral AI, Cohere y Hugging Face. Estados Unidos, China, Google y Meta no aparecen; asistir a una reunión, como hizo el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, no equivale a adherir al llamado.

    El texto enumera compromisos específicos. Las empresas se comprometen a mantener mecanismos de seguridad para detener sus modelos, incluso durante el entrenamiento y el uso interno; a informar qué pueden y qué no pueden hacer sus sistemas; a aceptar evaluaciones de expertos independientes cuando corresponda, y a publicar en un formato común los resultados de pruebas que no sean sensibles. Los gobiernos, por su parte, ofrecerán canales confidenciales para denunciantes y un sistema de alertas tempranas sobre incidentes graves. El texto no es vinculante, no fija plazos ni sanciones y queda abierto a nuevas adhesiones.

    El acuerdo no es una ley ni establece un régimen de sanciones. Su efecto dependerá de cómo los firmantes implementen y hagan verificables sus compromisos. Esa diferencia entre una declaración política y una obligación exigible importa también al compararlo con la discusión chilena.

    El proyecto chileno reúne los boletines 15.869-19 y 16.821-19 y está en segundo trámite en el Senado desde octubre de 2025. La comisión a cargo de los desafíos del futuro aprobó la idea de legislar el 26 de octubre de 2026 por cuatro votos favorables y ninguno en contra. Su informe está fechado el 5 de noviembre; el registro de tramitación del Senado lo consigna el 10 y registra su cuenta en Sala el 11. Son hitos diferentes, no tres fechas de votación.

    El texto despachado por la Cámara, que la comisión propuso aprobar en general, sigue un enfoque basado en riesgos, con usos prohibidos por riesgo inaceptable, usos de alto riesgo y usos de riesgo limitado. Para los sistemas de alto riesgo exige mecanismos de supervisión humana y establece que, cuando no se ajusten a la ley, el operador deberá adoptar de inmediato las medidas necesarias para desactivarlos, retirarlos del mercado o suspenderlos. Es, en la práctica, una versión chilena del botón de apagado, aunque pensada para el uso del sistema y no para el desarrollo de grandes modelos. El mismo texto faculta a la futura Agencia de Protección de Datos Personales y a la Agencia Nacional de Ciberseguridad para fiscalizar cuando haya indicios de incumplimiento.

    Ese diseño puede cambiar durante la discusión. El informe del Senado recoge que la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, anunció una indicación sustitutiva. Cuestionó el enfoque centrado en riesgos y propuso sancionar conductas realizadas, además de reforzar las pruebas regulatorias o sandboxes. Su exposición planteó ensayos de hasta dos años bajo condiciones especiales; no una exención general de responsabilidad para cualquier empresa.

    La comparación tiene un límite: París aborda compromisos voluntarios de proveedores de modelos y cooperación entre países; el proyecto chileno busca fijar obligaciones legales para los actores que regula. El anuncio de una indicación sustitutiva no permite anticipar qué obligaciones serán eliminadas o conservadas.

    Al corte de esta revisión, el registro consultado no muestra una votación general de Sala posterior al informe. El contenido final dependerá del debate legislativo y de las indicaciones; el texto analizado sigue siendo un proyecto, no una ley vigente.

    Información de la publicación

    Publicado

    15 nov 2026

    Última actualización

    17 nov 2026

    Estado editorial

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