El Gobierno de Noruega anunció el 5 de octubre de 2026 que propondrá una restricción temporal a las gafas inteligentes en ciertos espacios. El anuncio describe una iniciativa por presentar, no la aprobación de una ley. En Chile, la Ley 21.801 regula el uso escolar de dispositivos de comunicación desde el año lectivo 2026. Su alcance funcional podría incluir gafas conectadas, aunque las fuentes consultadas no contienen un dictamen específico sobre esos lentes.
Según el anuncio oficial del Gobierno de Noruega, el Ejecutivo, a través de su ministro de Digitalización y Administración Pública, Torgeir Micaelsen, presentará un proyecto de ley para restringir las gafas inteligentes en lugares públicos sensibles. La lista en estudio incluye colegios, guarderías, zonas de juego, parques, playas, piscinas, gimnasios, consultas médicas y centros comerciales, e incluso universidades. El motivo es que estos lentes pueden tomar fotos, grabar video y registrar conversaciones sin que las personas cercanas lo sepan. El Ejecutivo noruego todavía no define si la regla alcanzará solo a las gafas con cámara y micrófono, a las que además incorporan inteligencia artificial o a otros dispositivos portables, y formará un grupo de expertos para una regulación de largo plazo.
En Chile, la norma vigente es la Ley 21.801, publicada el 11 de febrero de 2026 y disponible en la Biblioteca del Congreso Nacional. Modificó la Ley General de Educación para restringir los aparatos móviles de comunicación en los niveles parvulario, básico y medio. La prohibición rige desde el inicio del año escolar 2026, se aplica especialmente durante las clases y se extiende a toda la comunidad educativa, no solo a los estudiantes.
El artículo 10 ter, incorporado a la Ley General de Educación, define estos aparatos por sus funciones de telecomunicación, conexión a internet e interacción con contenidos digitales. La Biblioteca del Congreso Nacional publica ese texto. La definición no se limita a teléfonos: por ello, unas gafas capaces de comunicarse, enviar imágenes o consultar servicios de internet podrían quedar comprendidas. Esa es una lectura del alcance de la norma, no una clasificación oficial de todos los modelos de gafas.
La Superintendencia de Educación, al explicar la Circular 181, incluye entre sus ejemplos tablets, relojes inteligentes, computadores y consolas; también considera otros aparatos con capacidad de acceso a internet para esos fines. No nombra específicamente las gafas inteligentes. Su formulación respalda la interpretación funcional, pero no reemplaza una evaluación de las características del aparato ni de las excepciones aplicables.
Un dispositivo que únicamente graba y carece de funciones de comunicación podría quedar fuera de esta definición concreta. Eso no lo deja libre de otras obligaciones de privacidad ni de las reglas de convivencia escolar. Ahí la respuesta depende del reglamento interno de cada colegio, que según la ley debe definir mecanismos, condiciones y consecuencias para el uso de dispositivos. Los establecimientos tenían plazo hasta el 30 de junio de 2026 para actualizar esos reglamentos conforme a las instrucciones de la Superintendencia.
La ley chilena contempla excepciones: estudiantes con necesidades educativas especiales que usan el dispositivo como ayuda técnica, emergencias, condiciones de salud que requieren monitoreo, actividades curriculares en que la tecnología sea útil y solicitudes fundadas y temporales de los apoderados por seguridad. En educación media, los reglamentos pueden habilitar espacios u horarios de uso en atención a la autonomía progresiva de los alumnos. Varias de estas excepciones deben ser autorizadas expresamente por el director.
La diferencia con Noruega es el foco. La ley chilena nació para combatir la distracción y el uso excesivo de pantallas, y por eso su lógica es la conectividad. La propuesta noruega apunta a la privacidad: el problema no es que el estudiante se distraiga, sino que grabe a otros sin su consentimiento. En Chile ese riesgo se aborda por otras vías, como las normas de convivencia escolar y la protección de la vida privada, pero la ley de dispositivos no lo menciona.
La aparición de nuevos formatos obliga a revisar las funciones del dispositivo, sin dar por hecho que una forma distinta al teléfono lo excluye de la norma. La ley obliga al Ministerio de Educación a presentar en marzo de 2030 una evaluación de su implementación a las comisiones de Educación del Congreso. Esa revisión puede ser el momento para decidir si basta con la definición actual o si hace falta nombrar explícitamente a los dispositivos que graban.

