Explora IAdemia

Actualidad por tema

Buscar en IAdemia

Escribe una palabra o un tema.

    PublicadoCiberseguridad

    Ley Marco de Ciberseguridad: qué le exige la ANCI a empresas y servicios en Chile

    ANCI informó 1.154 operadores de importancia vital en julio de 2026. La ley exige una alerta en tres horas ante incidentes con posibles efectos significativos; las multas máximas varían según gravedad y tipo de entidad.

    Racks de servidores de BalticServers.com; foto ilustrativa de infraestructura informática
    Foto: BalticServers.com / CC-BY-SA-3.0 vía Wikimedia Commons

    La Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) cerró en julio de 2026 la primera ronda de calificación de operadores de importancia vital: 1.154 instituciones públicas y privadas quedaron sujetas al régimen más exigente de la Ley Marco de Ciberseguridad. Pero la ley no solo alcanza a esos operadores. Cualquier organización que preste un servicio esencial en Chile ya debe reportar sus ciberataques relevantes en un plazo de tres horas, y arriesga multas que pueden llegar a 20.000 UTM, unos 1.449 millones de pesos; para los operadores de importancia vital, el tope se duplica.

    Qué es la ley y a quién obliga. La Ley 21.663, publicada en el Diario Oficial el 8 de abril de 2024 según el registro de la Biblioteca del Congreso Nacional, creó la ANCI y un esquema de deberes por niveles. Su artículo 4 define como servicios esenciales los que prestan la Administración del Estado y el Coordinador Eléctrico Nacional, los que operan bajo concesión de servicio público y los de privados en generación, transmisión y distribución eléctrica; combustibles; agua potable y saneamiento; telecomunicaciones; infraestructura digital, servicios digitales y servicios de TI gestionados por terceros; transporte terrestre, aéreo, ferroviario y marítimo; banca, servicios financieros y medios de pago; seguridad social; correos y mensajería; salud institucional, y producción o investigación farmacéutica. La agencia puede sumar otros servicios por resolución fundada. Los órganos constitucionalmente autónomos tienen el régimen especial del artículo 53; no todos quedan bajo fiscalización de ANCI.

    El deber básico: reportar rápido. Según el artículo 9 de la ley, toda institución obligada debe avisar al CSIRT Nacional de los incidentes que puedan tener efectos significativos con este calendario: una alerta temprana dentro de tres horas desde que conoce el hecho; una actualización con evaluación inicial, gravedad e indicadores de compromiso dentro de 72 horas, plazo que baja a 24 horas si se trata de un operador de importancia vital con su servicio esencial afectado; y un informe final dentro de 15 días corridos desde la alerta temprana. Si el incidente sigue en curso, procede primero un informe de situación y el definitivo se entrega dentro de 15 días desde su gestión. Además, el operador vital debe adoptar un plan de acción en un máximo de siete días corridos desde que conoce el incidente y comunicarlo al CSIRT tan pronto lo adopte. El estudio Garrigues explica que el reglamento de reporte, el DS 295 de 2024, obliga a usar la plataforma de notificación de la ANCI.

    Los operadores de importancia vital cargan con más. El artículo 8 les exige mantener una gestión continua de la seguridad de su información mediante un sistema formal, llevar registro de sus acciones, contar con planes de continuidad operacional y de ciberseguridad certificados y revisados al menos cada dos años, y hacer revisiones, ejercicios y simulacros de forma continua. A eso se suman las instrucciones generales de la agencia: según Garrigues, todos deben designar un delegado de ciberseguridad que reporte a la máxima autoridad y que, en principio, no sea la jefatura de TI, salvo que existan resguardos de autonomía.

    Quiénes quedaron calificados. La primera nómina definitiva, con 915 instituciones, se publicó el 17 de diciembre de 2025, informó el estudio Carey, e incluyó entre otros a operadores de telecomunicaciones y proveedores de internet. La segunda etapa partió con una nómina preliminar de 372 entidades en abril de 2026, que según el estudio Albagli Zaliasnik incorporó combustibles, agua, transporte, concesionarias, seguridad social, correos y farmacéuticas. La ANCI informó que el 24 de julio de 2026 publicó la nómina final de esa etapa con 239 operadores, entre ellos 18 sanitarias que cubren el 98% de los clientes regulados, 40 empresas de transporte y 25 entidades de seguridad social, como AFP e isapres. La propia agencia aclara que las calificadas conservan los recursos administrativos y judiciales para impugnar.

    Cuánto cuestan las faltas. El artículo 40 fija multas de hasta 5.000 UTM para infracciones leves, 10.000 para graves y 20.000 para gravísimas; para los operadores de importancia vital, los topes se duplican: 10.000, 20.000 y 40.000 UTM. Con la UTM de noviembre de 2026, que el SII fija en 72.440 pesos, el máximo para un operador vital equivale a cerca de 2.898 millones de pesos. Las sanciones las resuelve el subdirector de la agencia tras un procedimiento con descargos y prueba, y se pueden reclamar ante la Corte de Apelaciones dentro de 15 días hábiles.

    Qué pasa con las pymes. La ley obliga a la ANCI a fijar medidas diferenciadas según el tipo de organización y a considerar especialmente las características de las empresas de menor tamaño. Eso no significa que queden fuera: una pyme que, por ejemplo, presta servicios de tecnología de la información gestionados para terceros realiza una de las actividades que el artículo 4 define como esenciales, por lo que conviene que revise si le alcanza el deber de reporte.

    La agencia en marcha. En las últimas semanas la ANCI firmó un convenio con la Contraloría, el 29 de octubre, para coordinar fiscalizaciones de ciberseguridad en el Estado, intercambiar información sobre vulnerabilidades y capacitar a funcionarios. Ese mismo día realizó el primer Ejercicio Nacional de Ciberseguridad, una obligación anual de la ley, en el que compitieron 636 personas en unos 400 equipos, según la agencia.

    Para una empresa chilena, el primer paso es determinar si presta alguno de los servicios comprendidos en el artículo 4 y revisar su eventual calificación como operador vital. Si queda obligada, necesita un procedimiento para reportar incidentes con posibles efectos significativos. En el nivel vital se agregan gestión continua de seguridad, planes certificados de continuidad y ciberseguridad, un delegado que reporte a la dirección y multas con topes duplicados. La certificación mencionada por la ley corresponde a esos planes; no debe confundirse con afirmar que todo el sistema de gestión requiere una certificación genérica.

    Información de la publicación

    Publicado

    15 nov 2026

    Última actualización

    17 nov 2026

    Estado editorial

    Publicado
    ← Volver a Ciberseguridad

    Cargando comentarios…

    Abrir la conversación