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    PublicadoEducación

    Inglaterra pide evaluaciones sin IA a sus universidades: cómo lo están enfrentando las chilenas

    El regulador inglés anunció que exigirá evaluaciones válidas, muchas veces sin inteligencia artificial, y podrá multar a quien no cumpla. En Chile, las reglas surgen desde las propias universidades y, a veces, desde cada unidad académica.

    Fachada de la Casa Central de la Universidad de Chile, en la Alameda de Santiago
    Foto: Rjcastillo / CC-BY-SA-4.0 vía Wikimedia Commons

    El regulador de la educación superior de Inglaterra, la Office for Students (OfS), anunció el 11 de noviembre que exigirá a las universidades garantizar que sus evaluaciones midan de verdad lo que saben sus estudiantes, lo que en muchos casos significará pruebas presenciales y sin inteligencia artificial. Las instituciones que no cumplan se exponen a condiciones específicas de registro, multas e incluso a la suspensión de fondos, según el comunicado oficial del organismo.

    La decisión se apoya en una investigación conjunta de la OfS y Advance HE, basada en mesas de trabajo y entrevistas con estudiantes y académicos. Su hallazgo más incómodo: las evaluaciones no supervisadas pueden resolverse con alto nivel usando IA y casi sin esfuerzo del estudiante, y algunos alumnos relataron que compañeros obtuvieron notas similares a las suyas tras trabajar con IA durante minutos. Josh Fleming, director de Estrategia y Entrega de la OfS, calificó el fenómeno como un «riesgo generacional» para el sistema. El informe concluye que exámenes a libro cerrado, presentaciones y evaluaciones prácticas son probablemente las mediciones más confiables cuando preocupa el uso de IA. El llamado es a volver a los formatos tradicionales bajo amenaza de sanción.

    En Chile, los documentos examinados muestran respuestas institucionales de distinto alcance: una política de una unidad académica de la UC, instrucciones para tesis en la Universidad de Chile y orientaciones docentes de la UDP. Estos ejemplos permiten comparar enfoques; no bastan para establecer si existe o falta una norma nacional sobre evaluación e IA.

    El ejemplo más explícito está en la Pontificia Universidad Católica. El Instituto de Sociología UC aprobó en julio de 2025 una política de uso ético de IA generativa que prohíbe estrictamente estas herramientas durante el primer año de pregrado y declara que esa medida busca favorecer la evaluación presencial. Para los años siguientes, cada docente debe indicar en el programa si la IA está prohibida, permitida o recomendada, y para qué tareas. Cuando se permite, el estudiante debe anexar qué herramientas usó y con qué fin; si omite esa declaración, el trabajo puede ser calificado con la nota mínima. La política también faculta al profesor para citar a una exposición oral, sin aviso previo, para comprobar que el alumno domina lo que entregó.

    La Universidad de Chile avanza por otra vía. Sus autoridades académicas y de tecnologías de la información publicaron en junio de 2026 lineamientos para el uso transparente de la IA en tesis y trabajos de titulación. Toda tesis debe incluir una «Declaración de uso de inteligencia artificial», incluso si no se usó; la IA no puede figurar como coautora y la responsabilidad académica recae completa en quien firma. Si la herramienta intervino en partes sustantivas, como el marco teórico o el análisis, hay que describir los prompts y cómo se verificó el resultado. La misma universidad indicaba en esa página que estos lineamientos se complementarían con otro documento, entonces en elaboración, sobre la integración de la IA generativa en los procesos formativos.

    Esa discusión está en curso. El programa de la octava Semana de la Docencia de la Universidad de Chile, fijada entre el 2 y el 4 de noviembre de 2026, incluyó un taller sobre evaluación para el aprendizaje en tiempos de IA y una sesión de presentación de lineamientos institucionales sobre su uso crítico. La agenda acredita lo programado, sin permitir comprobar por sí sola su realización ni el contenido final de esas presentaciones. La Universidad Diego Portales, por su parte, publicó en 2024 orientaciones para sus docentes que recomiendan establecer una política de transparencia sobre el uso de IA, general o por curso, e incluso acordar con los estudiantes qué usos se permiten en cada asignatura.

    La comparación deja una diferencia de fondo. En Inglaterra, el Estado convierte la validez de las evaluaciones en una obligación regulatoria con sanciones. Los casos chilenos revisados tienen alcances distintos y no constituyen una descripción completa del sistema universitario. La política de Sociología UC, por ejemplo, corresponde a ese instituto y no debe extenderse a toda la universidad. La experiencia inglesa sugiere que las declaraciones de uso, por sí solas, no resuelven el problema si el formato de evaluación permite delegar el trabajo completo en una máquina.

    Para estudiantes y familias, la recomendación práctica es revisar el programa de cada curso: es allí donde, cada vez con más frecuencia, se establece si la IA está permitida y bajo qué condiciones. Para las universidades, la pregunta que deja la decisión de la OfS es si basta con exigir transparencia o si también habrá que rediseñar cómo y dónde se evalúa.

    Información de la publicación

    Publicado

    15 nov 2026

    Última actualización

    17 nov 2026

    Estado editorial

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